Políticas públicas para una ley del libro

La edición de libros en Ecuador es todavía un proceso atomizado. Las iniciativas no son pocas ni recientes, pero no se podría hablar de un proceso transversal y generalizado que dé cuenta del alcance y subraye la importancia de las publicaciones en el país. Tampoco se buscan alcanzar a escala local los niveles de producción de países como España y México o incluso Colombia o Argentina; Ecuador no necesita publicar millones de libros al año, lo que los gestores editoriales sí necesitan es la disponibilidad de apoyo y herramientas relevantes que permitan que la mayor cantidad de iniciativas lleguen a buen puerto.

Este documento revisa la Ley del Libro (LdL) publicada en el Registro Oficial 277 de 2006. No se plantea un análisis comparativo de cuerpos legales similares en la región, sino el examen puntual de LdL. La premisa es que en la medida que existe una normativa cuyo fin es la promoción del desarrollo y la competitividad de la industria editorial, la creación literaria, la difusión del libro “como medio fundamental para consolidar la identidad nacional y el desarrollo socio-educativo de la población”, la producción editorial sigue dependiendo de los recursos, capacidades y alcances de cada institución. Como consecuencia de lo anterior, la sostenibilidad de un proyecto editorial depende, por ejemplo, de la existencia de recursos públicos o bien, si los recursos no son el punto nodal, de las posibilidades de difusión de esa obra.

Es seguro que Ecuador no es el único país del mundo en el que los momentos de estrechez fiscal se resienten, primero, en normal avance de iniciativas que impulsan las artes y culturas; pero es justo señalar que ha habido campañas de lectura que han procurado promover la edición de libros de autores ecuatorianos, obras clásicas y contemporáneas, dirigidas a diversos rangos etarios, mediante vastos tirajes, que se incluyen en mallas curriculares y distribuyen a centros de educación pública, así como puntos de venta diversos a convenientes precios de venta. Para una persona que ha escrito y publicado un libro con significativo esfuerzo, la posibilidad que su obra se conozca gracias un esquema de impresión y distribución masivas es, en definitiva, un oportunidad no desdeñable y no existiría de otra manera; pero es aquí donde empiezan los problemas.

Quizá el origen de los inconvenientes es múltiple, pero es evidente que algo más que la mera disponibilidad de una novela como Huasipungo1 es necesaria para la creación de hábitos de lectura y la fundamentación de un acervo cultural que tenga su base en los libros. Es conveniente además conocer qué lecturas son convenientes para qué público; no necesariamente el libro más trascendente puede considerarse el instrumento que forme buenos lectores. Por añadidura, una información clave son las destrezas lectoras de niños y jóvenes que puede no ser las mismas en escuelas y colegios alejados de centros urbanos o en provincias. Por último, es un esfuerzo significativo construir la logística que permite entregar los libros en centros educativos en todo el país, pero debe preverse que ese libro siga disponible terminado el año lectivo o cierto ciclo de lecturas, lo que puede solucionarse con la provisión y el sostenimiento de un adecuado sistema de bibliotecas.

La LdL (artículo 2, literal b) señala que su objetivo es “proteger la industria editorial ecuatoriana, a través del fomento y apoyo a la producción, edición, coedición, importación, distribución y comercialización del libro”. Literales subsiguientes, llaman la atención sobre derechos intelectuales, de autor, estimular a autores y colaborar con el sistema de bibliotecas. El artículo 3 menciona la creación de una Comisión Nacional del Libro adscrito al Ministerio de Educación2, que procuraría brindar asesoramiento en áreas como créditos para gestores y proyectos editoriales y sustentar la empresa nacional de correos3 para los envíos de libros en el territorio nacional. El artículo 4 señala la formación y capacitación de personas en el ecosistema editorial, soporte para la importación y comercialización, producción y exportación, coedición y estimular el hábito de lectura.

Esta ley reemplaza a la Ley de Fomento al Libro de 1987, lo que sugiere que la iniciativa no era singular y que este tipo de iniciativas. Es decir, la problemática y la necesidad se han reconocido, así como la pertinencia de estructuras institucionales a las que se asignaría un presupuesto para su funcionamiento. Sin embargo, es todavía una tarea pendiente un examen detallado del sector y del contexto. La actual directiva de la Cámara del Libro que en la LdL es una instancia clave de articulación y asesoramiento señala que la ley no ha tenido continuidad y parte importante de la discusión se limita a la organización de una feria del libro en Quito que, a despecho de experiencias anteriores más o menos satisfactorias y experiencias recientes menos que satisfactorias, no se ha establecido como el evento cultural internacional en torno al libro que demanda la capital de una nación latinoamericana.

La Feria del Libro de Bogotá es un evento masivo que se organiza desde hace más de treinta años. Es un evento pago (cualquier persona debe comprar una entrada) al que asiste medio millón de personas, reúne expositores, expertos, autores, el pabellón universitario (solo ocupado por editoriales universitarias) debe tener una superficie de 2000 m2 y se organiza por una convergencia de negocio e interés cultural y educativo, inversión privada y pública. Es más que evidente que las necesidades aquí, en Buenos Aires o Lima no pueden ser radicalmente diferentes. Un cuerpo legal operativo no necesita inventar nada demasiado nuevo y la LdL de 2006 podría actualizarse en ámbitos como edición digital, acceso abierto, ciencia abierta, etc., pero los nudos críticos para volver sostenible una gestión editorial (industrial o artesanal) ya están ahí: necesitan operativizarse.

Sobre la base de la política pública es necesaria una que permita tomar decisiones y encaminar las acciones. En un contexto social desigual, también en el espacio editorial universitario, en el que los recursos no son los mismos y las capacidades de una universidad privada en Quito no son las mismas en una universidad pública en una provincia amazónica; sin embargo, políticas públicas adecuadas son tan importantes como la infraestructura, porque la política provee un marco de referencias, definiciones respecto de lo que las editoriales universitarias quieren lograr y en cuánto tiempo.

Es clave superar la discusión que se antoja superficial. No es irrelevante, pero en el fondo del problema no está el hecho de elegir la editorial que publique los libros del plan de lectura o si la Feria del Libro de Quito se hace durante diciembre o mayo en un edificio patrimonial del casco colonial o lejos de las calles estrechas en un centro de convenciones moderno. Es mucho más importante que sea posible garantizar, sin resquicios, que una sociedad sea capaz de leer libros y de escribirlos; esto antes de hacer grandes tirajes e intentar venderlos. Suponiendo que la educación básica pudiera ganar consistencia, es preciso que se reconozca que el hábito de lectura es un hábito mutante y que es clave que los niños encuentren gusto, también gradualmente, en ese hábito. No es necesario que una persona a joven intente leer la novela que “inaugura el modernismo”, “refresca el realismo”, puede que sea necesario que se empiece por rudimentos y eso no está mal y dará réditos en el futuro. Está bien que se apoye a insurgentes autores y editores, a los creativos y sus plataformas; pero eso es un proceso distinto: un literato y su editor no necesitan que les enseñen a leer.

Para terminar. Quizá con algunas zonas grises, el ámbito de la edición universitaria es uno de literatos, es decir, de personas que leen y escriben. Es este espacio lo que se precisa nutrir es la investigación académica. Aunque pueda no ser evidente, la identificación de problemáticas, definición de problemas, metodologías, referencias teóricas, el esquema de la escritura académica, son pasos esenciales porque de la investigación surgen los manuscritos que editan las universidades. Libros y autores deben ser luego el centro de intercambios, conversaciones en lugares periféricos para que las experiencias rompan la barrera endogámica, primero a escala local y luego regional.