Javier Monroy Díaz
Editor de la revista académica del IAEN Estado & comunes
Las métricas, visibilidad y calidad de los procesos son algunas preocupaciones de los equipos que editan revistas en las universidades ecuatorianas. Aunque existen espacios de discusión y conocimiento sobre elementos mínimos y deseados que debe tener la política editorial de una revista para ser reconocida por su calidad y en el amplio mundo de la web, estos espacios son esporádicos. Tal es el caso del encuentro liderado por el Caces en 2018, con la participación de más 120 editores de revistas en el que se formularon directrices para una evaluación que se concretó en 2020. O la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas (Rercie), creada en 2023 bajo el auspicio de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) y con el apoyo de varias universidades, bajo el objetivo de apoyar la difusión (de revistas, convocatorias) y capacitación. En Ecuador no existen bases o apoyo permanente que determine el camino que debe seguir una publicación seriada y periódica.
El norte ha sido fijado por cada cuerpo editorial conforme a los parámetros de índices y bases de datos, siguiendo su propio instinto, recabando experiencias y casos de éxito. Las reuniones de 2018 del Caces ofrecieron elementos para el fomento de una cultura de publicaciones científicas, sin embargo, los resultados apuntan a que son pocas las revistas en Ecuador preparadas y consolidadas para asumir este reto. Una base o apoyo institucional sostenido como política, y no como esfuerzos aislados, determinaría elementos esenciales como los derechos de autor, el acceso abierto, formatos, protección de datos, entre otros. Una política disminuiría el rezago que atraviesan ciertas revistas, se profesionaliza el oficio de editor, sumaríamos índices, aumentaría la competitividad, los hallazgos científicos tendrían mayor impacto.
Los acercamientos formales que tiene un editor de revistas con la institucionalidad ecuatoriana ocurre al momento de solicitar el código ISSN o la evaluación/reevaluación en Latindex y SciELO-Ecuador ante la Senescyt. De allí en adelante la continuidad de la revista dependerá de los esfuerzos entre autores, evaluadores pares y equipo editorial, de sumar políticas de calidad, solventar los conflictos de intereses, de mantener una plataforma OJS operativa y actualizada, asegurar la efectividad de las convocatorias. Un problema para las universidades públicas, por lo menos, consiste en la contratación anual de los Digital Object Identifier (DOI) ya que ello implica un proceso de contratación y selección de proveedor que ofrezca el servicio, el cual puede tomar algunos meses. La ausencia de conocimiento o personal técnico experto en marcaje de archivos en formato XML es otra dificultad sobre la que no hay posibilidad de evadir. No dejar caer la revista es tan esencial como no dejarse revocar el ISSN por incumplimiento.
A nivel de normas y leyes, la codificación de la Ley de Propiedad Intelectual de 2006 se refiere en un par de momentos a la propiedad patrimonial de las obras, entre ellas, las seriadas. El Código Ingenios de 2016 no es que sea más riguroso. Solo ofrece referencias aisladas sobre las revistas (sin especificar de qué tipo) en el marco del conocimiento. La disposición reformatoria sexta dispone que las universidades deben asignar de manera obligatoria partidas presupuestarias para ejecución de proyectos de investigación y publicar en revistas indexadas de alto impacto. Llama la atención que en este documento de política aparezca por única ocasión la palabra “indexada”, término del cual se habla mucho en la academia, pero poco en la política pública.
No obstante, las revistas atraviesan por procesos de evaluación y validación de sus contenidos y políticas editoriales, se exige cumplimiento. Es una constante presión por mantenerse y sumar visibilidad. Evaluaciones de calidad como la realizada por el Caces en 2020 reflejan que el panorama es alarmante: solo 2 de las más de 80 revistas postuladas superaron el proceso de acreditación. No se trataría de estar en un grupo selecto, sino de que más revistas puedan integrarse y formar parte de ello. Pero, ¿cuándo ocurrirá esto? El Caces, órgano público encargado de realizar evaluaciones y acreditaciones, con facultad regulatoria para asegurar la calidad de las universidades, no ha dado luces que un proceso de calidad de revistas universitarias esté próximo a ocurrir. La Senescyt, por su parte, aunque no tiene atribuciones para evaluar revistas nacionales, ha coordinado la operación e indexación en las bases de SciELO y Latindex, al tiempo que ha liderado la Rercie. Sería interesante que ambas entidades, Caces y Senescyt, articularan esfuerzos mancomunados y elaboraran una política conjunta sobre la calidad editorial e indexación de revistas aprovechando los insumos, las conexiones y la experiencia en este ámbito.
Para las revistas ecuatorianas que no cuentan con indexaciones su primer gran reto es lograr su inclusión en Latindex. Pero, pareciera que, a mayor rigurosidad de los criterios y procedimientos de admisión, menores son las posibilidades para estar en bases de datos. Basta con observar que en el catálogo 2.0. de Latindex hay 746 revistas ecuatorianas, mientras que en SciELO solo 33, es decir, el 4,4 %. El número de revistas incluidas en SciELO se acerca al dato que refleja Redalyc: 27 revistas ecuatorianas en dicha base. Estar en Scopus o Web of Science es un mérito de algunas pocas y un reto de muchas por alcanzar.
Si bien, la generación del conocimiento científico no puede pensarse alejada de la divulgación de resultados de la ciencia, la tecnología e innovación, también es cierto que se requiere de mecanismos de regulación y una base institucional de apoyo que ofrezca insumos y directrices hacia dónde se debe ir. ¿Qué tipo de licencia adoptar? ¿Cuántos artículos publicar por cada número? ¿Cómo determinar el acceso abierto? Estas y otras son inquietudes que tienen asidero en los resultados que se desean obtener, pero también, sobre las bases que permitieron el surgimiento de la revista. La consolidación dependerá, sin duda, de qué tan efectivas sean sus políticas editoriales, la planificación, organización, lineamientos, directrices de calidad y del apoyo institucional vertido. Sería deseable que desde el Caces y la Senescyt se contribuya con una reglamentación, acompañamiento sostenido y liderazgo a este respecto.
